El presidente del Grupo Numintec y responsable de la Comisión de la Segunda Oportunidad de PIMEC José María Torres impartió la conferencia “los retos de la pyme europea y la insolvencia empresarial” en el marco de una jornada sobre la directiva europea de la segunda oportunidad empresarial que tuvo lugar el 5 de mayo en las oficinas del Parlamento Europeo en Barcelona.

José María Torres destacó que “el 92% de empresarios no conoce las implicaciones de los acuerdos que negocia la Unión Europea” y añadió que no existe un estrecha relación entre los legisladores europeos y la comunidad empresarial “lo que provoca que los beneficios de los acuerdos no se puedan traducir en puestos de trabajo reales y crecimiento económico”. El presidente del Grupo Numintec recordó que las Pymes representan el 99% del tejido empresarial y apuntó que “deberían tener más voz y voto en las políticas de la UE que aseguren una representación adecuada de sus intereses”. Según Torres, “es necesario simplificar las leyes en origen para aumentar los beneficios de los acuerdos ya que no hacerlo supone que los beneficios de la liberalización arancelaria no lleguen a las empresas pequeñas”.

Torres afirmó que el mercado único “no está suficientemente integrado para que las pymes puedan competir y operar libremente” y, entre los obstáculos que impiden aprovechar su potencial destacó la “lenta e incompleta adaptación de las directivas, la persistencia de algunas barreras transfronterizas al comercio, la falta de adaptación de algunos instrumentos junto a las inversiones, el retraso en los pagos a proveedores, las diferentes exenciones fiscales, administrativas y legislativas que desincentivan el crecimiento de las empresas, la cultura de la morosidad y la falta de información sobre leyes y exigencias para realizar actividad en otros países miembros”.

El presidente del Grupo Numintec añadió que “es necesaria una legislación más en clave pyme en temas como la energía, la morosidad, la compra pública, la simplificación administrativa, la internacionalización, el marco laboral o la financiación”.

Finalmente, en referencia a la segunda oportunidad empresarial, Torres apuntó que “la regulación no incentiva a los deudores a acudir al procedimiento de insolvencia lo cual priva a la regulación de los potentes efectos económicos que potencialmente puede producir”. En este sentido, apuntó las siguientes propuestas:

1. Debe diseñarse un sistema en el que el plan de pagos se ajuste a la situación del deudor, tal y como señala la propuesta de directiva europea de la segunda oportunidad. Deben desaparecer los umbrales de pasivo mínimo.

2. El plan de pagos solo puede exigirse cuando no ha habido liquidación del patrimonio. La exoneración no necesariamente debe producirse tras la liquidación. Si se evita la liquidación se estimula al deudor a declararse en concurso a tiempo y con activos, lo cual favorece la satisfacción de los intereses de los acreedores.

3. En los casos de concurso sin masa no debe existir plan de pagos y la exoneración debe ser directa.

4. El plazo para obtener la exoneración definitiva no debe exceder de 3 años, tal y como establece la propuesta de directiva europea. Nada impide fijar un plazo de exoneración inferior o de exoneración directa.

5. Deben establecerse mayores controles de la conducta del deudor, dando margen al juez para su valoración fuera de los límites del concurso culpable.

6. El prestamista irresponsable que no cumple el deber legal de evaluar la solvencia o concede el préstamo con test de solvencia negativo debe soportar la exoneración del pasivo insatisfecho a pesar de tratarse de créditos con garantía real.

7. No deben ser exonerables las deudas que denotan un comportamiento reprochable del deudor: responsabilidad civil, sanciones, alimentos, gastos del procedimiento.

8. El crédito público debe exonerarse para que los empresarios no sufran una discriminación negativa. Se puede establecer una exoneración progresiva en función del abono de un determinado umbral de deuda ajustado a la situación patrimonial del deudor.

9. Debe impulsarse la compensación de deudas entre el contribuyente y la Agencia Tributaria.

10. El régimen no debe ser el mismo para todo deudor. Deben diseñarse distintas vías en función de su situación patrimonial.

11. El deudor cuyo pasivo sea superior a 5 millones de euros no debe estar excluido del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.